Ante los resultados perjudiciales para inquilinos y propietarios y por "afectar" el mercado inmobiliario, con subas del 245% desde su entrada en vigencia en 2020, el Gobierno resolvió suspender la Ley de Alquileres. La decisión fue tomada entre el presidente Alberto Fernandez y el ministro de Economía Sergio Massa y sería anunciada en las próximas horas, una vez que se resuelva con qué herramienta reemplazarla. 

La norma estableció cambios en el mercado inmobiliario al extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una única actualización anual del valor conforme a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. La misma fue impulsada por el actual legislador bonaerense, el platense Daniel Lipovetzky, cuando era diputado nacional y aprobada en noviembre de 2019 por la Cámara de Diputados, pero sancionada por el Senado en junio de 2020. 

Tras su entrada en vigencia, los propietarios, ante la incertidumbre, subieron los precios de los nuevos contratos por encima de la inflación y pocos meses después la oferta había disminuido con precios más altos. Por eso, desde distintos sectores plantearon la necesidad de generar cambios. En la apertura de las sesiones del Congreso del 2022, el propio presidente solicitó avanzar con cambios en la Ley y hasta se barajó la posibilidad de suspenderla durante 90 días. 

Pese a que desde su entrada en vigencia fueron presentados cerca de 30 proyectos para su modificación o derogación, no se logró resolver nada. Mientras el debate sigue, la vigencia de la ley de Lipovetzky sigue perjudicando a los inquilinos. Desde abril entraron en vigencia nuevos aumentos para los contratos que debían renovarse, por lo que un inquilino que acordó en abril de 2022 un alquiler de $50.000 por un inmueble en La Plata, con el aumento del 92,5% interanual estipulado para este año pasará a pagar $96.250. Los contratos renovados en marzo ya habían alcanzado un 89,6% de aumento, mientras que en febrero y enero alcanzó el 86% y 81% respectivamente.